Escribe José García Ruminot, senador.
La Oficina de Fiscalización contra el Delito, entregó las cifras respecto de los delitos de robos que se denuncian en nuestra región durante el año recién pasado.
En la región se denunció un total de 12.164 robos, lo que implica un aumento del 7,3%, con respecto al año 2006.
Sin embargo, lo más alarmante es que de las personas que fueron condenadas por robo el año 2007, el 49% quedó en libertad y no cumplió su pena en la cárcel, lo que es tremendamente preocupante si consideramos que el estudio contempla los robos violentos, es decir, aquellos en que se intimida con un arma a una persona, o se entra con fuerza a una casa, o se sustrae violentamente los bienes de una persona. Por tanto, no estamos hablando de personas condenadas por delitos menores, sino por el contrario, de delitos sumamente graves.
La pregunta es: ¿Las personas que han sido condenadas por estos delitos y que cumplen su pena fuera de la cárcel, pueden rehabilitarse? La respuesta es no. La razón, es porque el sistema de cumplimiento alternativo de penas de cárcel que contempla las medidas de libertad vigilada, remisión condicional de la pena y reclusión nocturna, se encuentra absolutamente colapsado, y por tanto los condenados que cumplen su pena en libertad, no son objetos de controles efectivos que faciliten su rehabilitación y reinserción social, lo que es causa directa de la reincidencia de delitos de esta gravedad.
El clima y percepción de indefensión que siente la ciudadanía frente a la delincuencia y de impunidad con que actúan los delincuentes, se reafirma con el hecho de que sólo el 1,4% de las denuncias por robo termina con una condena de cárcel, lo que implica que para los delincuentes, el riesgo de ser condenado por un delito, en la práctica no existe.
Es tarea del gobierno, de los jueces, de las policías, y del Ministerio Público, crear las condiciones para que esta situación llegue a su fin.
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