Fallo judicial

Escribe José García Ruminot, senador

La Corte Suprema, en un fallo unánime, condenó a Carlos Cruz, ex ministro de Obras Públicas de la administración del ex Presidente Ricardo Lagos, a 60 días de pena remitida por el delito de fraude al fisco, en el caso MOP-Gesys. Se trata de un contrato entre el Ministerio de Obras Públicas y la empresa Gesys, que sin realizar los trabajos cobraron 36 millones de pesos, los que según el ex ministro Cruz fueron destinados a financiar actividades de la campaña presidencial de Ricardo Lagos Escobar, es decir, dineros públicos destinados a campañas políticas.
Recordemos que el ex ministro Cruz fue procesado el 2004 por la jueza Gloria Ana Chevesich por defraudar al Fisco en 36 millones de pesos, por supuesto "enriquecimiento personal". La magistrada estableció que los responsables del desvío de platas fueron Cruz y su hombre de confianza en el MOP, Sergio Cortés y los empresarios Raúl Herrera, dueño de Gesys, y Hernán Guerrero, propietario de Gestión y Tecnología (G y T), a quienes se encausó por estafa al Fisco.
El fallo de la Corte Suprema hace que la ciudadanía mire con recelo las resoluciones de los tribunales y confíe menos en la justicia. Por ejemplo, en noviembre del año 2005, un campesino recibió en la comuna de Traiguén una condena de 10 años y un día por robar una gallina y dinero.
Lo anterior indigna a todos los ciudadanos honrados de Chile, que esperan que la justicia actúe con mayor rigor cuánto más altas son las responsabilidades que se ejercen en la administración del Estado.
Este año enfrentaremos elecciones municipales, y el próximo parlamentarias y presidenciales, con fallos judiciales como el que se le ha aplicado al ministro Cruz, se da una mala señal a las autoridades que manejan recursos públicos. Sale barato pagar campañas políticas con recursos públicos. Sale barato usar todo el aparato del Estado para comprar votos y lograr que la Concertación se siga manteniendo en el poder.
Es la hora de decir basta; no más intervención electoral; no más desvío de recursos públicos a las campañas políticas.