Escribe Eugenio Tuma, diputado.
Se reclama porque la educación pública es de mala calidad, pero para mejorar ello debemos privilegiar la institucionalidad y el diálogo, con madurez y sabiduría para poder alcanzar el objetivo central que es fortalecer la educación pública. Sin embargo, la reciente agresión de la cual fue victima la ministra confirma lo pésimo que está la educación. Peor aún, con algunos profesores que justifican el acto, demostrando que la alumna no es la culpable sino que es producto del débil sistema educacional imperante.
Esta agresión no es el camino para resolver los problemas en democracia, situación que no podemos validar y si hoy un alumno lanzó agua a una ministra, quizás qué podríamos esperar mañana. Nada puede justificar una agresión en el marco de la discusión de cómo se mejora la calidad de la educación, donde paso a paso se ha ido dejando atrás la herencia del gobierno militar buscando derogar la LOCE y supervigilar el gasto de recursos —que no sólo tiene que ver en cómo disminuir a los privados— sino que debe dar cuenta de los cambios que requiere la educación pública.
Para ello se firmó un protocolo para que el Ejecutivo envíe un proyecto en el cual el Estado garantice la educación pública, velando por proyectos que impulsen la integración, asegurando igualdad de oportunidades, educación pública de excelencia y sobre todo fortalecer el rol del Estado sobre el sistema escolar. Esto no se logrará lanzando agua a las autoridades y viendo cómo carabineros reprime manifestaciones callejeras, sino que siendo actores principales de este momento histórico, propio de un país emergente que tiene una democracia que avanza, con ciudadanos más críticos y exigentes, pero si no demostramos educación, seguiremos incrementando las desigualdades e inequidades que sólo castigan y discriminan a las personas por su origen de cuna, alejándonos de mejores estándares de desarrollo y movilidad social.
Se reclama porque la educación pública es de mala calidad, pero para mejorar ello debemos privilegiar la institucionalidad y el diálogo, con madurez y sabiduría para poder alcanzar el objetivo central que es fortalecer la educación pública. Sin embargo, la reciente agresión de la cual fue victima la ministra confirma lo pésimo que está la educación. Peor aún, con algunos profesores que justifican el acto, demostrando que la alumna no es la culpable sino que es producto del débil sistema educacional imperante.
Esta agresión no es el camino para resolver los problemas en democracia, situación que no podemos validar y si hoy un alumno lanzó agua a una ministra, quizás qué podríamos esperar mañana. Nada puede justificar una agresión en el marco de la discusión de cómo se mejora la calidad de la educación, donde paso a paso se ha ido dejando atrás la herencia del gobierno militar buscando derogar la LOCE y supervigilar el gasto de recursos —que no sólo tiene que ver en cómo disminuir a los privados— sino que debe dar cuenta de los cambios que requiere la educación pública.
Para ello se firmó un protocolo para que el Ejecutivo envíe un proyecto en el cual el Estado garantice la educación pública, velando por proyectos que impulsen la integración, asegurando igualdad de oportunidades, educación pública de excelencia y sobre todo fortalecer el rol del Estado sobre el sistema escolar. Esto no se logrará lanzando agua a las autoridades y viendo cómo carabineros reprime manifestaciones callejeras, sino que siendo actores principales de este momento histórico, propio de un país emergente que tiene una democracia que avanza, con ciudadanos más críticos y exigentes, pero si no demostramos educación, seguiremos incrementando las desigualdades e inequidades que sólo castigan y discriminan a las personas por su origen de cuna, alejándonos de mejores estándares de desarrollo y movilidad social.
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