Educación superior II

Escribe Alberto Vásquez Tapia, rector UCT.

En la columna anterior expresamos la necesidad de modificar el actual sistema de asignación de recursos estatales, de modo que el dinero de nuestros impuestos llegue de manera más precisa a quienes lo necesitan: los jóvenes más pobres de la nueva población universitaria. Hoy proponemos, entre otras medidas, modificar de plano el mecanismo usado para el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y el método de cálculo del Arancel Referencial usado para determinar las becas.
El AFI entregado a los planteles que matriculan a los 27.000 mejores puntajes nacionales, concentra su distribución, más del 40%, en apenas dos instituciones: Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile. Este mecanismo nació hace tres décadas para premiar a las casas de estudios que captaban los mejores alumnos, época en que el 5% de la población chilena que terminaba la educación secundaria accedía a estudios superiores, es decir, era una elite la que ingresaba a nuestras universidades. Actualmente, no obstante, el radical cambio en la composición del alumnado —cerca de 45% accede a estudios terciarios— se sigue utilizando el mismo mecanismo. Este atraso hace del AFI un instrumento ineficaz para una correcta política subsidiaria, puesto que no entrega más dinero a los alumnos que más lo necesitan.
Asimismo, debería modificarse de manera sustancial el sistema de cálculo para fijar el Arancel Referencial. Este último resulta también altamente regresivo, puesto que premia con más dinero a los alumnos que ingresan a las universidades ubicadas en los tramos más altos de dicha escala. Es decir, otra vez más dinero a las instituciones que captan los estudiantes de mejores niveles económicos.
Los estudiantes seleccionados vía PSU, que cuentan con las capacidades y que sean pobres deben ser los que más recursos reciban, de modo que les sea posible progresar sin más límites que su dedicación, esfuerzo y voluntad.